Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
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dilluns, 11 de juny de 2012

Nova agressió a un metge!


 


Condemnat per agredir a un metge que no li va receptar el que demanava!







L'acusat va copejar al sanitari quan aquest esmorzava en un bar després de no accedir a les seves peticions en el Centre de Salut. Se li imputa un delicte d'atemptat a l'autoritat.

El veí d'Alcalá de Guadaíra ha estat condemnat a un any de presó i el pagament d'1.000 euros d'indemnització per golpejar al metge d'un Centre de Salut que no li va receptar els medicaments que demanava.







Font: Diario Médico

Tribuna. Sanción de las agresiones por vía administrativa

Hay conductas violentas de los pacientes hacia sus médicos que quedan impunes a pesar de constituir un grave atentado contra el entorno de seguridad y convivencia que debe rodear el trabajo del profesional. El Colegio de Medicos de Barcelona y la Generalitat están trabajando de manera conjunta para penar por vía administrativa estos actos al amparo de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana.

El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) aprobó en julio de 2010 la creación de la Unidad Integral de Violencia Contra el Médico con la función principal de gestionar todo lo relacionado con hechos de violencia o incidentes violentos contra un médico de su demarcación colegial.
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Desde su inicio, se planteó reforzar sus relaciones profesionales con la Fiscalía Superior del TSJ de Cataluña, con la que en febrero de 2011 se firmó un convenio de colaboración, así como buscar respuesta a conductas de agresividad verbal protagonizadas por usuarios de la sanidad pública y que, por no revestir la suficiente gravedad, quedan extra-muros del Derecho Penal, pudiendo quedar impunes.
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La consulta 2/2008 de la Fiscalía General del Estado Sobre la calificación jurídico-penal de las agresiones a funcionarios públicos en los ámbitos sanitario y educativo establece la calificación de delito de atentado para las agresiones graves contra funcionarios públicos, dejando la puerta abierta, en el caso de que se traten de conductas leves, para su consideración como infracciones de carácter administrativo. La Fiscalía fundamenta esta conclusión basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha ampliado el concepto de orden público en las sentencias del 4 de diciembre de 2007 y del 27 de enero de 2003. Se viene entendiendo que las actividades efectuadas por funcionarios públicos en el ámbito del derecho a la salud del artículo 43 de la Constitución afectan a los principios básicos de convivencia.
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Habiéndose avanzado sustancialmente en materia de protección por vía penal del personal sanitario que desempeña su función en centros públicos, debe fomentarse igualmente dicha protección en el ámbito administrativo, llegándose al convencimiento de que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial y no existiendo una regulación específica de orden administrativo en la materia, nada impediría aplicar la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana.


Funcionario público
Si partimos del concepto de funcionario público del personal sanitario que presta sus servicios en los centros de la red asistencial pública, dado el carácter de servicio público y universal de la actividad que vienen desarrollando en ellos, cabe llegar a la conclusión de que dicha actividad incide dentro del espacio público que conforma el ámbito de aplicación de la referida ley. El artículo 1 de la norma señala que su finalidad es "proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades" y "asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la de prevenir la comisión de delitos y faltas"; lo cual, extrapolado al campo de la sanidad pública, vendría a traducirse en la erradicación de cualquier comportamiento que impida, obstruya o dificulte el libre ejercicio del derecho a la salud de los ciudadanos consagrado en el artículo 43 de la Constitución, y en velar por que los profesionales sanitarios puedan prestar sus servicios en condiciones de seguridad y en un marco de convivencia pacífica. 
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Así, conductas leves de agresividad verbal producidas por los usuarios de la sanidad pública contra los médicos u otro personal sanitario que se encuentra en el ejercicio de sus funciones, y siempre que hayan provocado una alteración del orden con perturbación del servicio público, pueden ser constitutivas de una infracción contra la seguridad ciudadana tipificada en el art. 26 i) de la LO 1/92 que sanciona el "alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos", siendo evidente que los centros de la Administración sanitaria revisten esta condición. En consecuencia, conductas que hasta el momento quedaban impunes serían ahora sancionables en vía administrativa.
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Con la finalidad de poder llevar a cabo esta iniciativa, el COMB ha firmado un convenio de colaboración con el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña para que, producido el incidente, desde el centro se requiera la presencia de una dotación policial para que levante un acta de denuncia donde se recoja la información relevante como el motivo de su intervención, manifestaciones de los implicados, situación que constatan cuando llegan, datos de testigos..., para que de esta forma pueda tramitarse el expediente administrativo y, si procede, imponer la sanción que corresponda. La aplicación de esta norma es una medida más para la lucha contra la agresividad en el medio sanitario. La experiencia nos demostrará si esta iniciativa redunda en una mayor tranquilidad y un mejor servicio a los ciudadanos.


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